El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas) descartó su posible privatización, señaló está abierto para auditorías (cada año el Estado los audita), y analiza usar la fuerza pública para liberar sus instalaciones de los manifestantes, porque afecta la distribución, los mantenimientos, cortes por horario, reportes, cortes de agua y cambios de válvulas.
Eduardo Campos Villarreal, gerente de la descentralizada, señaló que la toma de las instalaciones afecta a la ciudadanía, pues impide el acceso a los trabajadores para las áreas de control de válvulas automáticas para los cortes y cambios de distribución por horario y para el departamento técnico de donde salen las cuadrillas para reparación de fugas, instalaciones, mantenimientos y reportes.
Sobre el manejo de los recursos afirmó que el sistema está abierto a cualquier auditoría, y dijo que se publica toda la información en las páginas de transparencia en Internet, donde está a disposición del público que lo quiera consultar.
En torno a la toma de las instalaciones, señaló que analiza utilizar la fuerza pública si en las próximas horas no entregan los inmuebles para que Simas pueda operar de manera regular.
Dijo que los inconformes pueden permanecer todo el tiempo que quieran en plantón y en manifestaciones afuera de Simas, pero deben retirar la toma para que el Sistema Intermunicipal pueda operar.
“Dicen que no quieren afectar a la población, pero sus acciones están perjudicando las áreas operativas del sistema y afectan a la ciudadanía”, afirmó Campos Villarreal.
Explicó que el área jurídica analiza solicitar la intervención de las autoridades para despejar las áreas operativas y evitar que se generen problemas en la distribución del agua por los horarios de corte y de cambio de válvulas.
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