La titular de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez de Coahuila, Katy Salinas Pérez, afirmó que ninguna resolución judicial representa autorización para ejercer violencia.
La funcionaria subrayó que no existe “permiso” alguno para cometer conductas delictivas y que cualquier persona que incurra en actos de violencia puede y debe ser sancionada conforme a la ley.
“Las medidas de protección proceden para todas las personas”, puntualizó.
Indicó que, si bien la Fiscalía General del Estado de Coahuila concentra su atención principalmente en mujeres, niñas y niños como víctimas, cualquier persona que sufra violencia tiene derecho a denunciar y acceder a la justicia.
En el marco del 8 de marzo, Salinas Pérez enfatizó que la desigualdad histórica que han enfrentado las mujeres ha propiciado diversas manifestaciones de violencia. Por ello, sostuvo que la justicia debe aplicarse con perspectiva de género, reconociendo las condiciones estructurales que colocan a muchas mujeres en contextos de vulnerabilidad.
“La desigualdad es la causa generadora de muchas violencias. Solo cuando logremos erradicarla podremos avanzar hacia una sociedad verdaderamente igualitaria”, expresó.
Como parte de la estrategia implementada en coordinación con el Gobierno estatal y la Fiscalía General, la titular destacó avances en el fortalecimiento del acceso a la justicia.
Detalló que se han duplicado y en algunos meses incrementado hasta en 50 por ciento las detenciones derivadas de llamadas al 911 por violencia familiar. Asimismo, informó que también se duplicaron las carpetas de investigación concluidas y judicializadas ante el Poder Judicial del Estado de Coahuila.
En operativos de desarme realizados en domicilios durante el último semestre y el inicio del año, se aseguraron 56 armas, varias de ellas señaladas por víctimas como instrumentos de amenaza.
Además, más de 36 mujeres en situación de riesgo inminente fueron canalizadas al refugio estatal el año pasado, como parte de los mecanismos de protección.
Salinas Pérez recordó que anteriormente algunas llamadas de emergencia eran consideradas únicamente “problemas de pareja” y no derivaban en detenciones formales. Con el nuevo enfoque, explicó, se fortaleció la coordinación entre policías municipales, estatales y ministerios públicos para evitar la impunidad.
Reiteró que el compromiso institucional es garantizar que mujeres, niñas y niños vivan libres de violencia, mediante la consolidación de mecanismos de denuncia, protección inmediata y judicialización efectiva de los agresores.
