GOBIERNO FEDERAL AMENAZA EL FUNCIONAMIENTO DE SOCIEDAD CIVIL

Los ataques y descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), se han transformado en iniciativas y reformas que tienen la clara intención de limitar y condicionar el financiamiento de dichas organizaciones. Primero se trató de una iniciativa para reformar la ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que permaneció en trámite en el Senado y se señala que las organizaciones generan un costo importante para la recaudación y carecen de regulación sobre el uso de sus recursos. Además, señala que “el financiamiento ha sido la herramienta más útil y eficiente que han tenido los gobiernos del exterior para consolidar su intervención en asuntos políticos y electorales en México”. Ahora, como parte del Paquete Económico 2022, se incluyen cambios en la ley del ISR que limitarán de manera sustantiva la deducibilidad de donativos y disminuirá los recursos que las OSCs podrán recibir para su operación.

Este discurso ignora la dinámica de financiamiento y funcionamiento de la sociedad civil y desconoce que ya existen y se aplican múltiples mecanismos y normatividades para la fiscalización de las actividades de las organizaciones no gubernamentales. Antes de presentar estas iniciativas, el Congreso de la CDMX aprobó ya una reforma con el mismo propósito y, ahora, se prevé una reforma a la Ley de Impuesto Sobre la Renta para desincentivar las donaciones a las OSCs.

Las reformas no aumentan la transparencia y vigilancia de los donativos, puesto que las OSCs ya reportan cada ingreso y gasto al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y están sujetas a procesos de fiscalización para demostrar el uso de los recursos responden a su objeto social. Por otro lado, los incentivos fiscales para los donantes de las organizaciones no gubernamentales representan un pequeño beneficio en comparación con lo que aportan y la importancia de las labores que realizan.

Las iniciativas y sus riesgos

El 9 de junio de 2021, la senadora Nancy Sánchez Arredondo, del grupo parlamentario Morena, presentó una iniciativa con la finalidad de limitar y estigmatizar el financiamiento extranjero de las organizaciones de la sociedad civil. En particular, esta iniciativa señala que las OSCs tienen que notificar cada donación a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y ésta deberá determinar que el destino no tiene fines de proselitismo o político electorales. La propuesta ignora que la sociedad civil ya informa sobre sus donaciones y es fiscalizada por el SAT. Por lo tanto, se corre peligro de que el procedimiento propuesto funcione como un medio de control político en lugar de un mecanismo de transparencia.

Por su parte, la reforma al Código Penal de la Ciudad de México establece que directivos y administradores de sociedades civiles que reciban “fondos, recursos o apoyos públicos” serán juzgados como servidores públicos. El problema de dicha reforma es que parte de una visión punitiva sobre las OSCs y se contrapone con el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 64 de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Por otro lado, la miscelánea fiscal del Paquete Económico de 2022 establece criterios para desincentivar y reducir las aportaciones a las OSCs. La iniciativa de reforma para la Ley del Impuesto sobre la Renta presentada por el Ejecutivo busca modificar el artículo 151 para limitar las deducciones por donaciones y por aportaciones para el retiro hasta el 15% de los ingresos del contribuyente. En el caso de las donaciones, esta reforma afecta particularmente a las asociaciones civiles que otorgan becas ya que anteriormente estaban exceptuadas de dicho límite.

Organizaciones de la sociedad civil y recaudación

La exposición de motivos de la Iniciativa para reformar la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada el 9 de junio de 2021 en la Gaceta del Senado, menciona que “aquellas asociaciones civiles que reciben donaciones extranjeras y que son materia de esta iniciativa, atentan contra nuestro país desde dos vías; una desde las acciones que realizan en contra del Estado, y la otra desde los beneficios fiscales que se otorgan a los donantes”.

Igualmente, notas de prensa han mencionado que las aportaciones a las donatarias autorizadas implicaron una pérdida para el fisco de 88 mil 792 mdp. Ambas declaraciones son parte de una narrativa para convencer a la ciudadanía y a la sociedad civil de que estas organizaciones representan un costo inadmisible y que esos recursos podrían dedicarse a beneficiar al pueblo. La cifra no sólo es engañosa, sino que ignora las contribuciones de la sociedad civil organizada.

La propia SHCP señala que las deducciones por estos conceptos sólo representan una fracción de las donaciones recibidas por las organizaciones no gubernamentales. En concreto, indica que “los contribuyentes sólo dedujeron en sus declaraciones anuales un monto de poco más de la tercera parte del importe del monto de donativos recibidos por las donatarias”. No todo lo que se recibe se deduce por tres razones principales. Primero, no todos los contribuyentes dedujeron sus donaciones, incluso teniendo la posibilidad. Segundo, los apoyos recibidos del extranjero no son deducibles en México. Tercero, los límites para deducir impuestos están acotados por ley: las personas morales pueden deducir hasta 7% de la utilidad fiscal y las físicas hasta 7% de los ingresos acumulables.

Otro aspecto importante a aclarar es que los 88 mil 792 millones de pesos corresponden a la suma de seis años (de 2014 a 2019). La cifra correspondiente de deducciones por donativos para 2019 (último año con información disponible) fue de 19,821 millones de pesos. Para ponerlo en contexto, este último monto representa un 2% si se compara con el total de las “renuncias recaudatorias” de 2019, es decir,  lo que Hacienda deja de recibir por los beneficios fiscales establecidos en la ley: exenciones, deducciones, regímenes especiales, diferimientos y tasas reducidas. En 2019, las renuncias recaudatorias ascendieron a 955,617 millones de pesos, en contraste con los 19,821 millones correspondientes a las deducciones por donativos.

Deducciones por donaciones
Deducciones por donaciones

Este incentivo fiscal tiene la finalidad de promover actividades en las que el Estado no participa directamente o lo hace de manera insuficiente, pero que considera necesario apoyar. En 89% de los países se utilizan las deducciones de las contribuciones a organizaciones.

En México, los montos deducidos por este concepto están divididos en diversos fideicomisos, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, en 2019 había 9,366 donatarias autorizadas clasificadas en doce categorías que permiten entender el universo de organizaciones cuyas aportaciones pueden ser deducibles de impuestos.

El grupo más grande, y de forma significativa, son las asistenciales que representaron el 63% de las donaciones. Entre ellas, destacan Salud Digna, el Teletón, la Cruz Roja, la Fundación Politécnico, la Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, la fundación IMSS y las fundaciones Alfredo Harp Helú. De esta manera se atienden niñas, niños y adolescentes con discapacidad; se brinda atención médica; se invierte en el desarrollo tecnológico del país; se asisten padecimientos graves; se busca mejorar los servicios de salud; y se construyen museos, centros culturales, bibliotecas, talleres de restauración y espacios deportivos en estados como Oaxaca. Incluso el mismo Presidente de la República ha llamado a la población a que apoyen al Teletón y la Cruz Roja.

Distribución de Donativos
Distribución de Donativos

En segundo lugar, están las organizaciones que apoyan a otras donatarias y que recibieron 11% de los ingresos. Aquí se encuentran las fundaciones de distintas universidades y empresas. Por ejemplo, en este grupo se encuentra la Fundación UNAM que ha apoyado a más de 730 mil alumnos a través de becas a estudiantes, apoyos a la investigación y promoción cultural. En esta categoría también se encuentra el fideicomiso de Bécalos, el cual ha entregado más de 330 mil apoyos a estudiantes y maestros.

En tercer lugar, se encuentran las organizaciones con fines educativos que recibieron el 10% de las donaciones. Entre ellas el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey), una de las instituciones de educación superior más grandes del país y que actualmente está conformada por más de 90 mil alumnos y 10 mil profesores. En esta misma categoría están los Centros Culturales de México, la Universidad de Xalapa y distintos institutos educativos.

En cuarto lugar, las donatarias catalogadas como culturales reciben 4% de estos apoyos. Algunos ejemplos de ellas son el Patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la Academia de Música del Palacio de Minería y el Festival Internacional del Cine en Morelia. Ellas llevan a cabo eventos culturales reconocidos internacionalmente y promueven muchas otras actividades de esta índole.

En quinto lugar, las asociaciones civiles de investigación científica reciben el 3% de las donaciones. Por ejemplo, el Acuario de Veracruz, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, la Academia Mexicana de Ciencia, la Sociedad Mexicana de Física, el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración. Y, sí, organizaciones de investigación como Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, el Instituto Mexicano para la Competitividad o México Evalúa.

Adicional a las categorías de donatarias antes señaladas, están las ecológicas, becantes, de desarrollo social, de obras públicas, para el cuidado de especies en peligro y para museos y bibliotecas privadas. En su conjunto, estas categorías reciben el 7% de las donaciones, y realizan actividades cruciales para millones de mexicanos. Entre ellas destacan Greenpeace México, el Centro de Ciencias y Artes, el Fideicomiso Pro-Bosque de Chapultepec y algunos fideicomisos del Banco de México.

Es claro que las declaraciones que tratan de presentar a la sociedad civil como un cuerpo de organizaciones que buscan desestabilizar el país, mantener privilegios y aprovecharse de los recursos del Estado, son erróneas y tendenciosas y, como en el caso de los fideicomisos desaparecidos recientemente, tienen objetivos distintos a los que se proclaman.

Las organizaciones no gubernamentales son, en México y el mundo, instancias de participación social y democrática, promueven que la población se organice y que realice actividades con beneficios públicos tangibles. Sin lugar a duda estas organizaciones deben someterse a mecanismos de fiscalización —algo que ya ocurre—, pero estos de ninguna manera tienen que amenazar la independencia y funcionamiento de la sociedad civil organizada, debilitarla ni, tampoco, estigmatizarla.